Las dos ciencias de España, vistas por la revista Science

“España no ha visto el crecimiento científico y productividad que otros países Europeos como Inglaterra o Alemania han disfrutado. Las subvenciones han sido pequeñas, y su sistema académico y de investigación ha sido asolado por una cultura burocrática invadida de funcionarios públicos con ningún incentivo para la excelencia. Pero los tiempos en España están cambiando.”

Reintegro de subvenciones

Una de los causas de reintegro que contempla el articulo 37.1 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, es el incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

De la web: http://fiscalizacion.es

NADA COMPARABLE.

En "eso de la M-30" todo es sorprendente e inexplicable: la autorización de la Confederación del Tajo (vía Ministra, socialista dicen, de Medio Ambiente) para terraplenar el Manzanares; la de la Dirección General de Patrimonio para cepillarse el Puente de Toledo; la de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental para no someter a, precisamente, evaluación ambiental, los proyectos; el alucinante desinforme del Consejo de Estado; el plazo de redacción de los proyectos; los criterios de adjudicación de los pliegos; las sucesivas modificaciones de las obras; el siempre creciente by-pass sur; la Mesa de Contratación y su plazo de 24 horas para "justificar las distintas puntuaciones"; el silencio de tantos; ciertos desvergonzados estudios, informes y artículos, etc, etc, etc. Pero por encima de todo, lo más sorprendente e inexplicable es su coste. Y por paradójico que parezca, es ese coste el que explica todo lo demás...

Convenio Penal sobre la Corrupción

Creado en 1999, el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) incluye los 47 estados miembros del Consejo de Europa, excepto Liechtenstein y San Marino. Como observadores, figuran Estados Unidos, Naciones Unidas y la OCDE.

El Greco publicó el pasado mayo un informe relativo a España centrado en la criminalización de la corrupción y la transparencia en la financiación de los partidos políticos en el que se pidió “sancionar más duramente” las infracciones relativas a la corrupción y al tráfico de influencias.